Una nueva oportunidad para constructores, promotores e inversores socialmente responsables

El pasado lunes 18 de junio, la comisión de ecología y urbanismo del ayuntamiento de Barcelona aprobó la medida impulsada por las asociaciones de la ciudad por el derecho a la vivienda: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio de Derechos Económicos y Sociales (DESC), el Sindicato de Inquilinos, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Estas asociaciones plantearon conjuntamente la necesidad de ampliar el parque público de vivienda ante la situación de grave emergencia en la que se encuentra la ciudad Condal por el desenfrenado aumento de precios de alquiler, el creciente número de desahucios por impago de alquiler y la falta de alternativas reales. En concreto, la medida supone reservar un 30% del parque nuevo de vivienda con precio de protección oficial.

Aunque se ha superado el primer trámite, la medida no será aplicable hasta que se completar su tramitación. Al tratarse de una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), todavía es necesario un mes de alegaciones públicas, para después ser certificadas por la mayoría del pleno municipal, y finalmente por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, a quien le correspondería formalizar la aprobación definitiva. Si el trámite entra en vigor a finales de año, querrá decir que cualquier promotor de pisos nuevos o de grandes rehabilitaciones en Barcelona estará obligado a reservar un 30% para vivienda de protección oficial.

No cabe duda que esta medida ha sido ampliamente criticada por el sector constructor e inmobiliario de la ciudad. El mayor lobby del sector, la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) se opuso rotundamente a tal medida afirmando que supondría la paralización del sector a la vez que sería contraproducente porque significaría una subida de precios general. El presidente de la asociación, Lluís Marsà, calificó la medida de “electoralista” y afirmó que la imposición de destinar el 30% de sus promociones en suelo consolidado a vivienda social es ilegal.

La responsabilidad social de las empresas

Ante este contexto, el conflicto de intereses latente en este tipo de propuestas se pone de nuevo de manifiesto. Por un lado, las asociaciones y colectivos por el derecho a la vivienda y, por otro lado, el sector constructor e inmobiliario, se enfrentan para ganar una disputa política sobre la doble naturaleza de la vivienda. Mientras los movimientos sociales reclaman su valor de uso, es decir la vivienda como bien de primera necesidad, el sector empresarial reclama nada menos que poder continuar con su habitual negocio: tratar a la vivienda exclusivamente por su valor de cambio, es decir, como objeto de inversión. Este es un choque de trenes, cuyos pasajeros habitan realidades diametralmente opuestas. Unos no pueden entender que un bien tan básico como la vivienda sea convertido en un negocio especulativo, mientras que otros no logran comprender como se puede imponer desde las administraciones públicas una norma que les obligue a hacer de su negocio un 30% menos rentable.

Esta imposición, sin embargo, no resulta demasiado estrepitosa si tenemos en cuenta el papel fundamental que deberían tener las políticas de responsabilidad social en las empresas. La perspectiva empresarial habitualmente obvia que sus actividades no solo conciernen a sus directivos, trabajadores, partícipes o accionistas, sino que a la vez tienen efectos sobre terceros, sobre otras “partes interesadas”. Estas partes son todas aquellas personas (físicas o jurídicas) que no forman parte de la empresa pero que están implicadas en su funcionamiento: las administraciones públicas (en tanto que utilizan sus infraestructuras y servicios), los contribuyentes del territorio en concreto (en la medida en que ellos son los que financian las infraestructuras y los servicios públicos que utilizan), y, por último, la gente que vive en aquellos lugares que se ven afectados por las actividades que la empresa en concreto lleva a cabo.

En este sentido, la legislación catalana ya otorga competencias a los municipios para promover la responsabilidad social por parte de las empresas privadas. En concreto, el artículo 17.3 de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda establece que la edificación de uso residencial –sea nueva construcción o rehabilitación de edificios– se pueda destinar total o parcialmente a viviendas de protección oficial. Por lo que el legislador ya contemplaba entonces la posibilidad de imponer parámetros a una actividad empresarial despegada de las necesidades sociales en materia de vivienda.

Desde hace décadas, la responsabilidad social –y medioambiental– de la empresa, se impuso como un criterio esencial para la buena dirección empresarial. El empresario debía incluir en su plan estratégico a los agentes sociales interesados en su actividad, con el objetivo de evitar conductas irresponsables que les perjudicaran el desarrollo de su actividad económica: mala reputación, protestas constantes, litigios jurídicos, mala relación con las administraciones, etc.

Entonces, ¿Por qué una medida que promueva la responsabilidad social tiene que resultar menos lucrativa para el sector empresarial? Dicho de otra forma, ¿Por qué la rentabilidad tiene que calcularse exclusivamente en términos económicos cuando beneficia a un gran sector de la población? Salir de la perspectiva exclusivamente técnica y empresarial también puede traducirse en beneficios mucho más durables, coherentes y, sobretodo, socialmente responsables para los promotores, constructores e inversores de la ciudad. Sacrificar una pequeña cantidad de su rentabilidad a favor de aumentar una vivienda digna y asequible para una mayor cantidad de vecinos en Barcelona puede resultar en crecientes beneficios a largo plazo. Bien haría el sector empresarial en aprovechar esta oportunidad para que la sociedad vuelva a recuperar la confianza en un sector que perdió mucha credibilidad desde la crisis de 2008.